La batalla sin cuartel de Ali Syed contra el fiscal Marcel Scholl

Sobre Ahsan Ali Syed pesa una condena en primera instancia por fraude comercial, pero su equipo legal sostiene que el procedimiento es un "castillo de naipes" construido sobre la parcialidad y el abuso. En el centro de esta contraofensiva se encuentra un nombre: Marcel Scholl, jefe de la sección de Delincuencia Económica y Asistencia Jurídica Internacional de la Fiscalía III de Zúrich. 

Su equipo legal denuncia que el fiscal les condujo a un juicio rápido y sin atender a todas las pruebas por miedo de que el caso prescribiera. Así, en septiembre de 2024 presentaron una solicitud de recusación para apartar a Scholl por apariencia de parcialidad, incluyendo una supuesta “condena mediática” y vulneración de presunción de inocencia al llamar "estafador internacional" a Ali en el medio Tages-Anzeiger, pero aquello no quedó ahí. Lo que comenzó como una queja por irregularidades procesales ha escalado, según la moción presentada el 30 de enero de 2026, a una denuncia por la presunta implicación del fiscal en una red criminal de alcance europeo.

Objetivo: recusar al fiscal

La defensa, liderada por el abogado Christoph Steffen, presentó también el 12 de mayo de 2025 una denuncia penal acusando a Scholl de violación del secreto oficial y abuso de autoridad. El argumento central es que desde 2014 existió una cooperación “deliberada y sistemática” entre el fiscal y el abogado neozelandés Mark van Leewarden, representante del International Victim Group, grupo organizado e integrado por quienes se reconocen afectados por Ali Syed y su empresa. Según la defensa, Scholl utilizó a van Leewarden como un "intermediario" ilegal para sortear los canales oficiales de asistencia jurídica con Baréin. La investigación que aporta la parte del acusado defiende que el fiscal compartió información confidencial (incluyendo el diagnóstico de tuberculosis de Syed en octubre de 2024) con un abogado extranjero que carecía de licencia para actuar en Zúrich. Del mismo modo, se documentan al menos diez instancias de cooperación informal y reuniones no registradas entre Scholl, van Leewarden y testigos de cargo como Gary McNabb y Keith Johnson.

El expediente denuncia que Scholl incluso permitió que van Leewarden coordinase la "selección de los mejores testigos" y preparase sus declaraciones, utilizando a los abogados suizos de las víctimas como un mero "frente legal" para ocultar comunicaciones directas por WhatsApp que nunca se incorporaron al archivo oficial. En ese escrito pidieron que la investigación fuera asumida por una unidad especializada en investigaciones contra funcionarios. 

Pero la prueba "más contundente", según la defensa de Ali, está en un correo electrónico enviado por el fiscal Scholl a Mark van Leewarden con fecha del 24 de mayo de 2024, meses antes de que Ali hubiera sido siquiera extraditado a Suiza y mucho antes de que se escuchara a ningún testigo. En ese correo, el fiscal Scholl escribió: "Tendré que emitir una acusación formal en enero de 2025 a más tardar para permitir que el tribunal dicte sentencia sobre toda la actividad de Ahsan Syed". La respuesta de Ali y su equipo legal: "un fiscal que ya ha decidido el resultado del proceso antes de examinar una sola prueba de la defensa no está realizando una investigación: está escenificando una condena".

Aquí, la prueba más cruda para Ali y su equipo es que la defensa presentó seis declaraciones juradas (affidavits) de testigos bareiníes (Al-Malood, Khan, Habib, Sameer y otros), con sus números de identidad (CPR), membretes oficiales y direcciones verificables. El tribunal las desestimó todas calificándolas de "dudosas". "Mientras tanto, los 14 testigos de la fiscalía fueron aceptados sin cuestionamiento alguno", aseguran. Para la defensa de Ali, "esta proporción de 14-0 no es solo una irregularidad procesal, es también la ilustración más clara de una máquina de condenas".

El apartamento de Hergiswil y un millón "desaparecido"

Uno de los pilares de la acusación de abuso de autoridad es la gestión de un apartamento que poseía Ali Syed en Hergiswil, a orillas del Lago de Lucerna. El inmueble fue embargado y vendido posteriormente por 4,5 millones de francos suizos. Sin embargo, la defensa documenta que, por orden del fiscal el 23 de junio de 2022, se distribuyeron 1.114.762,30 CHF a seis empresas que ya no existían en los registros comerciales de Australia y Nueva Zelanda en el momento del reparto. Y todo, sin que existiera una sentencia firme. “Un tipo de reparto que se reserva para casos claros y cristalinos y típicamente con una confesión de por medio”, según Steffen. Aquí no la hay, pues Ali niega su culpabilidad y rechazó un acuerdo abreviado con una pena menor.

Entre las beneficiarias de este dinero "desaparecido" figuran Century City Football Ltd (disuelta en 2016) y Northwest Motel Group Pty Ltd (disuelta en 2013). La defensa sostiene que Scholl ignoró las advertencias explícitas del propio abogado de las víctimas, de un perito legal neozelandés y del defensor de oficio de aquel momento, procediendo a un reparto anticipado que, según testimonios recabados en Baréin, habría generado comisiones ilegales para el fiscal.

Además, la defensa sostiene que el fiscal “incluyó de forma arbitraria” a la empresa Semper Virens Ltd., en el reparto anticipado de activos, entregándole la suma de 389.781,60 CHF pese “a constar un recibo bancario certificado por el Standard Chartered Bank de Hong Kong, con fecha de 14 de abril de 2010, que demuestra que Semper Virens efectivamente recibió el desembolso total del préstamo”. 

Rolex, sobornos y un complot

La defensa de Ali presentó el 24 de junio de 2025 una ampliación de la denuncia ante la Fiscalía II del Cantón de Zúrich, encargada de investigar a funcionarios, contra el fiscal suizo Marcel Scholl, el abogado neozelandés Mark Van Leewarden y tres de las supuestas víctimas principales: Terry Serepisos, Gary McNabb y Anne Bradford. Aquí ya no se limitan a hablar de secreto y de abuso. Aquí añaden sospechas de extorsión, sobornos, aceptación de ventajas y coacción, describiendo supuestas amenazas y demandas de pago asociadas al “International Victim Group” y a Mark van Leewarden, y conectándolo con decisiones del fiscal sobre los bienes incautados. 

Para sustentar esta "conspiración y extorsión", la defensa presenta en ese documento las pruebas obtenidas por una investigadora del Ministerio de Justicia de Baréin, que tomó declaración a antiguos directivos de WGA que describen un entramado de presiones y un intento de condicionar el rumbo del procedimiento suizo. 

Entre ellos, el testigo Mustak Sameer, exmiembro del consejo de WGA, testificó haber aceptado una videollamada de van Leewarden que habría sido monitoreada y grabada en directo por agentes de inteligencia y de delitos económicos de Baréin. En esa llamada, el abogado le habría exigido un acuerdo extrajudicial pidiendo 25 millones de dólares para Keith Johnson, otros 25 para Gary McNabb, perdonar un préstamo no garantizado de 23 millones de dólares a Terry Serepisos, cinco millones de dólares para Anne Bradford y seis millones de dólares (que constituían un 10% del total) para el "jefe de la investigación en Suiza". El abogado neozelandés alardeaba de su "influencia total" sobre “el jefe de la investigación en Suiza” y la defensa sostiene que, si ese “jefe” existiera y si esa referencia no fuera fanfarronería, solo podría ser el fiscal Scholl.

En la misma videollamada, cuando los investigadores de Baréin le pidieron a Sameer que preguntara si el investigador suizo sabía de esto, Van Leewarden supuestamente respondió que sí y se jactó de tenerlo bajo su control porque ya le había dado dinero en el pasado. Sameer declaró que Van Leewarden confesó haberle regalado al jefe de la investigación en Suiza un par de relojes Rolex de oro, 10.000 euros en efectivo y un 10% de las ganancias obtenidas por la venta del lujoso apartamento de Ali Syed en Hergiswil. Según Sameer, Van Leewarden incluso mostró mensajes de WhatsApp con el investigador suizo para probar su relación, los cuales habrían sido grabados por la inteligencia bareiní.

Además, Omer Masood Khan, exdirector financiero de WGA, declaró haber recibido un correo intimidatorio de Mark Van Leewarden, en el que este le habría presionado advirtiéndole de su influencia sobre la fiscalía suiza y exigiendo que convenciera a Ali de hacer un “compromiso financiero”. Desde la defensa de Ali aseguran que el fiscal realizó la investigación en perjuicio de Ali. “Se presentaron numerosas pruebas, pero ninguna fue tomada en cuenta”, asegura la defensa. Tanto el tribunal como el fiscal calificaron dichos documentos como dudosos. Miembros de la junta directiva de WGA estaban dispuestos a viajar a Suiza para testificar ante el tribunal, pero este denegó la petición.

Red de trata de personas en Turquía

Sin embargo, el movimiento más drástico de la defensa de Ahsan Ali Syed ocurrió el 30 de enero de este mismo año con una acusación que denominan “la última gota que colmó el vaso". Esta sería la articulación de un caso criminal internacional que vincula al fiscal Marcel Scholl con una red de delincuencia organizada que trasciende el ámbito financiero. El fiscal Scholl aparece como co-acusado junto a Mark van Leewarden (representante de las víctimas) y tres testigos principales de cargo en Suiza: Gary McNabb, Terry Serepisos y Anne Bradford. 

El 10 de marzo de 2026, el Tribunal de Alta Criminalidad Nº 1 de Çorlu dictó una sentencia definitiva y unánime y ratificó que la investigación penal por trata de personas (tipificada en los artículos 79 y 80 del Código Penal Turco) contra el fiscal Marcel Scholl, el abogado Mark van Leewarden y los testigos de cargo Terry Serepisos, Gary McNabb y Anne Bradford, es un proceso sólido que debe continuar formalmente bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Estambul. 

Este hito judicial desmiente de forma tajante la postura del fiscal Scholl, quien en su comparecencia del 5 de marzo intentó minimizar el asunto tildándolo de "propaganda de Syed" o "denuncia fabricada". Por el contrario, la decisión de Çorlu demuestra que el caso ha superado ya tres filtros judiciales independientes en Turquía: primero la Fiscalía Jefe de Estambul, después la Fiscalía de Silivri y, finalmente, la ratificación sustantiva del Tribunal de Alta Criminalidad, que tras revisar el contenido del expediente y la naturaleza de los delitos, validó la existencia de una investigación formalmente establecida sobre la que el acusado no tiene ninguna influencia. Para la defensa, que el fiscal jefe del caso Syed sea ahora un investigado formal por crímenes graves junto a sus propios testigos estrella supone “un conflicto de intereses que destruye cualquier apariencia de imparcialidad”.

En esta línea, la defensa sostiene que un fiscal no puede dirigir una investigación contra un acusado (Ali) mientras está siendo investigado por delitos graves en conjunto con los mismos testigos que sustentan la acusación.

La operación “Deniz”

La acusación describe una red criminal que trasladaba mujeres jóvenes desde Europa del Este a través de una empresa llamada “Deniz”, fundada en Georgia (la base logística) por la esposa del fiscal Scholl y van Leewarden. La red operaba supuestamente transportando personas desde Batumi y Trabzon hacia Estambul, y de Silivri a Bulgaria. El destino final eran las Islas del Canal para su entrada en Inglaterra y Francia. La sospecha principal de la investigación turca es el traslado de mujeres jóvenes de Moldavia y Kosovo con fines de explotación sexual.

La defensa de Syed afirma poseer información sobre cinco personas dispuestas a testificar ante las autoridades turcas. Entre ellas, un empleado que trabaja en el mismo edificio que el fiscal Scholl en Zúrich, un vecino del fiscal en la localidad de Uster, los gerentes de una sucursal bancaria y el bar "La Petite" del Hotel Central Plaza y un testigo georgiano que confirmaría la creación de la empresa "Deniz".

Además, la defensa denuncia una relación de amistad personal entre el fiscal Scholl y el juez presidente de la primera instancia, el Sr. Rietmann, alegando que ambos se reúnen de forma regular en un restaurante de Zúrich. También investigan si el juez Rietmann podría haberse beneficiado de la red de tráfico. Por último, la defensa de Ali recalca que existen investigaciones paralelas en Sofía, Chisináu, Skopie y Marsella que apuntan a una organización de gran envergadura protegida por su estatus oficial.

El sistema suizo bajo sospecha 

En definitiva, la defensa de Ahsan Ali Syed utiliza estos hallazgos para fundamentar lo que califica como un juicio fallido orquestado. El eje de su argumentación sostiene que el fiscal Marcel Scholl manipuló los tiempos procesales para forzar una condena, utilizando la inminente prescripción del caso como una herramienta de exclusión probatoria.

Dentro de este bloqueo sistemático, el abogado Christoph Steffen subraya una "obstrucción sistemática de la evidencia". Scholl impidió la comparecencia de ocho testigos fundamentales y la obtención de archivos oficiales de Baréin que, según la defensa, habrían demostrado que Syed actuaba únicamente como un fiduciario para un grupo de inversores vinculados a la familia real bareiní y que los préstamos sí se habían tramitado.

Para Steffen, esta asimetría, donde se permitió la audiencia de 14 testigos incriminatorios pero se rechazó el 100% de los presentados por el acusado, constituye "una violación flagrante del principio de investigación objetiva" (artículo 6.2 del Código Procesal Penal suizo) y del derecho a la igualdad de armas, transformando la instrucción en un proceso orientado de forma unilateral hacia la condena.

La respuesta del fiscal

En su declaración del 5 de marzo, el fiscal Marcel Scholl calificó todas las acusaciones como "falsas, sin fundamento y absurdas". Sostuvo que Syed utiliza una estrategia de "ataques personales" para forzar la prescripción del caso y describió las denuncias internacionales como "propaganda". Sin embargo, la defensa replicó el 22 de marzo destacando que el fiscal ha guardado un "silencio incriminatorio" sobre 22 alegaciones específicas, incluyendo el destino de los 1,1 millones repartidos a empresas disueltas y los chats de WhatsApp grabados en Baréin.

Ante todo esto, la sentencia 7B_178/2026 del Tribunal Supremo suizo, el tribunal más importante de Suiza, que dictaminó que se había vulnerado el derecho de Ali a ser escuchado y que la prórroga de su prisión preventiva fue ilegal, ordenando al Cantón de Zúrich el pago de las costas y a indemnizar a Syed con 2.000 francos suizos por los gastos legales.

Con el proceso de apelación suspendido desde el 6 de febrero, la integridad del caso contra Ali Syed está en entredicho y lo que era un juicio por estafa se ha convertido en un examen a la propia justicia suiza, enfrentada ahora a pruebas de sobornos y a una sombra de criminalidad organizada que llega hasta Turquía.