Así cayó Ali Syed: anatomía de una estafa global

Ali Syed entró en nuestras vidas con la apariencia de un hombre rico del que poco sabíamos más allá de que era el Presidente del Consejo de Administración de Western Gulf Advisory (WGA), una empresa con origen en Baréin. Poco después conocimos la existencia de un procedimiento que permanecería abierto durante años en el país. El motivo, unos préstamos que presuntamente había prometido y no se habían materializado. Las investigaciones concluyeron en 2019, tras casi una década de actuaciones, y la Fiscalía General dictaminó el cierre del caso concluyendo que los hechos constituían un "asunto civil entre las partes", y no un delito penal al tener su origen en "transacciones civiles y comerciales". Sin embargo, parte del dinero y de los movimientos investigados fueron a parar a una cuenta en Credit Suisse, por lo que la historia tuvo su continuación en Suiza, donde Ali Syed sí sería condenado en primera instancia con un fallo que todavía no es firme.

El Tribunal de Distrito de Zúrich declaró a Ahsan Ali Syed culpable de fraude comercial el 22 de julio de 2025. Aunque la investigación de la fiscalía había identificado inicialmente a 23 víctimas, el juicio se centró en 16 casos que sumaban un perjuicio de más de 26 millones de francos. Finalmente, el tribunal entendió como hechos probados que Ali estafó a 14 empresas, mayoritariamente promotoras inmobiliarias de Australia y Nueva Zelanda, absolviéndole de dos casos por falta de malicia. La cifra definitiva del daño reconocida en la sentencia ascendió a 23,9 millones de francos suizos.

El dictamen fue tajante al asegurar que las empresas de Ali (el grupo WGA) “fueron fundadas exclusivamente con fines fraudulentos” y que el acusado “nunca presentó documentos bancarios que probaran el desembolso de los préstamos prometidos”.

El modus operandi

El origen del caso se remonta al estallido de la crisis de 2008. Numerosas promotoras inmobiliarias quedaron en una situación crítica por falta de liquidez y, entonces, Ali se presentó como un inversor global capaz de ofrecer préstamos de entre 30 y 250 millones de dólares con intereses moderados a través de sus empresas Western Gulf Advisory AG (con sede en Zug, Suiza) y Western Gulf Advisory BSC (en Baréin). Según la fiscalía, Syed no buscaba financiar proyectos, sino captar las comisiones que los prestatarios debían abonar para "liberar" esos fondos.

Para tal fin, y de nuevo según la fiscalía, Ali diseñó una estructura contractual de dos niveles. Por un lado, la firma de un contrato de asesoría, cuyo objetivo era verificar el perfil financiero del potencial prestatario. Ese contrato incluía una condición clave: un pago anticipado asociado al potencial préstamo de en torno al 1,5%. Ello incluía una due diligence por valor de 36.000 libras, una cuota de compromiso del 0,81% del préstamo y una cuota de seguro del 0,72%. A un segundo nivel se producía la firma del contrato de préstamo. Y el punto crítico del “engaño”, según el tribunal, estaba en la cláusula 6.7, titulada "Absolute Undertaking to return Commitment Fees" (Garantía absoluta de devolver las cuotas de compromiso). En este punto, WGA se comprometía "absoluta e incondicionalmente" a reembolsar las cuotas de compromiso y seguro de forma inmediata si el préstamo no se otorgaba o el contrato se cancelaba.

La sentencia establece que Ali nunca tuvo la intención ni la capacidad de otorgar tales préstamos ni de devolver las cuotas. Según esta, mientras los clientes cumplían con su parte, transfiriendo millones a cuentas en Suiza y Baréin, la operativa entraba en una “fase de dilación sistemática”, con excusas sobre auditorías pendientes o falta de garantías colaterales por parte de las víctimas. Desde WGA alegaban que “esos pagos anticipados no habían sido reembolsados por haber sido gastados en coberturas y costes vinculados al proceso”.

El dinero

Según los análisis de flujo de caja realizados por la policía cantonal y auditores de la fiscalía suiza, el dinero de las víctimas fue destinado a cubrir el estilo de vida de Ali Syed. Una opulencia que supuestamente era resultado de una inmensa fortuna heredada de una familia real india o bareiní.

De esta manera, 4,3 millones de francos suizos fueron a parar a las cuentas privadas de Ali en Suiza según la sentencia, incluyendo la compra de una propiedad en Hergiswil (Lago de los Cuatro Cantones) por 3,03 millones de francos suizos y su mobiliario por 480.000 CHF. Además, en ella se cifra en 1,9 millones los francos suizos destinados a la compra del Racing y otros pagos a los que hizo frente el club. Ali también habría destinado 3,3 millones adicionales al leasing y operación de un avión privado, otros 320.165 CHF para comprar un Bentley Continental GT y 234.400 CHF en un Porsche Cayenne Turbo, habiendo desviado 714.665 CHF adicionales para financiar una póliza de seguro de vida privado en Bermudas.

Las apariencias

Precisamente, la investigación destacó la importancia de la puesta en escena para generar credibilidad. Según declaraciones recogidas en la sentencia, Ali organizaba visitas a las oficinas de WGA en Baréin, donde recibían a sus “víctimas” en unas lujosas oficinas del distrito financiero, decoradas con caoba, estatuas de bronce de caballos y bibliotecas con miles de volúmenes encuadernados en cuero. Dentro, a las víctimas les esperaba también una treintena de empleados “aparentando” una actividad financiera frenética. La empresa gastaba también importantes sumas en marketing, con enormes vallas publicitarias en Manama, patrocinios en la Fórmula 1 y, fundamentalmente, la compra del Racing tras el frustrado interés por el Blackburn Rovers. 

Además, para garantizar su solvencia, la compañía exhibía un informe anual de 2009, supuestamente auditado por la firma BDO Baréin, que declaraba activos por valor de 1.200 millones de dólares. La justicia suiza considera "fraudulento" que Syed omitiera explicar una nota al pie que indicaba que los 850 millones de dólares líquidos no implicaban "un flujo físico de efectivo", lo que invalidaba la solvencia presumida ante los clientes.

Una apariencia de hombre aristocrático y de empresario exitoso que, por cierto, no mostró Ali seis días antes de ser condenado. Fuese o no parte de la estrategia, el caso es que el 16 de julio de 2025 Ali Syed sorprendió al declarar en sede judicial con ropa informal y unos crocs azules. Ni rastro del traje, los relojes ni las joyas con las que se distinguía. Ali expuso que “WGA era una entidad real”, que “existía un fondo respaldado por actores bareiníes” y que “lo que falló fue la aportación de garantías por parte de prestatarios”.

La defensa

El equipo legal de Syed, encabezado por Christoph Steffen, defiende que Ali “no era el dueño único de los fondos, sino un trustee (fiduciario) de un grupo de inversores del Golfo, un sistema común en la región que la justicia occidental no comprende”. También afirman que WGA “sí tenía solvencia y que algunos préstamos (como el de Sonkin por 38 millones de dólares) sí fueron desembolsados”, acusando a los denunciantes de “conspirar para no devolver intereses”. Y el principal foco apunta al fiscal Marcel Scholl, que “rechazó sistemáticamente el testimonio de 25 testigos exculpatorios de Baréin y Pakistán y se negó a incorporar los expedientes oficiales de absolución de Baréin”, según Ali.

Durante el juicio, Ali Syed sostuvo que WGA sí había cumplido con sus obligaciones, transfiriendo los montos totales de los préstamos a cuentas abiertas a nombre de los prestatarios en cuatro bancos de Baréin y Dubái, como el National Bank of Bahrain y el Ithmaar Bank. Ali sostiene que el dinero “quedó bloqueado porque los clientes no aportaron las garantías inmobiliarias o participaciones necesarias para su liberación”.

El tribunal rechazó esta versión calificándola de "argumento de protección" construido a posteriori. Como el giro en su versión durante los interrogatorios, llegando a afirmar que los préstamos sí habían sido desembolsados a empresas como Century City (propiedad de Terry Serepisos, un conocido promotor neozelandés) y Ganesha, pero que los prestatarios no querían que el dinero se transfiriera a sus países por motivos fiscales, dejándolo en cuentas en Baréin o Dubái.

La sentencia subraya que Ali no presentó ni un solo recibo de transferencia bancaria, extracto de cuenta o confirmación oficial de estas entidades financieras que respaldara su afirmación en los 14 años transcurridos desde los hechos. La conclusión fue tajante: el grupo WGA no pagó un solo dólar de los préstamos negociados, que sumaban un total de 1.506 millones de dólares en promesas. Ante esto, la defensa, que insistió en que las autoridades de Baréin habían archivado ya el asunto penal tras investigar el caso, también quiso escurrir el bulto. Así, sostuvieron que Ali “no desempeñaba un papel de liderazgo real ni participación en los negocios diarios”, que “las decisiones de crédito las tomaba el consejo de administración y el director operativo, Ghazi Al-Malood”, y que “Omer Khan (CFO) era la verdadera cara operativa y el responsable de las negociaciones de préstamos”. Según Ali, él no era más que un testaferro.

Los afectados

En el año 2011, un grupo de afectados comenzó a organizarse coincidiendo con el momento en que los préstamos prometidos por WGA no se materializaron y Ali Syed abandonó Europa. Este colectivo sería conocido finalmente como el "International Victim Group" (IVG), contando con la representación legal de Mark van Leewarden, antiguo detective de la policía de Nueva Zelanda, fundador de Warden Consulting y encargado de impulsar la causa.

Representantes de 14 empresas formaron parte del grupo. Muchos de ellos declararon haber perdido los ahorros de toda una vida o fondos destinados a su jubilación, siendo Terry Serepisos y Gary McNabb (australiano vinculado a la empresa McNabb Properties Limited) las cabezas visibles tras van Leewarden. La defensa de Ali Syed denunció a este núcleo duro (el fiscal Scholl, Mark van Leewarden, Terry Serepisos, Gary McNabb y Anne Bradford -Ganesha-) por conspiración, extorsión, soborno y tráfico de personas, lo que será objeto de la próxima pieza.

Lo que vino después

A fecha de hoy, el caso Syed ha dado un vuelco radical. El proceso de segunda instancia está congelado desde el 6 de febrero porque el tribunal no notificó la sentencia a 11 de los 12 demandantes privados en Australia y Nueva Zelanda, lo que obliga a repetir un proceso que durará al menos hasta finales de año. Además, el 13 de marzo, el Tribunal Federal suizo dictaminó que Syed estuvo en detención ilegal durante 50 días porque el tribunal de distrito olvidó prorrogar su orden a tiempo. 

“En Suiza, el preso sale habitualmente en libertad al cumplir dos tercios de la condena”, indica Steffen. Ali lo haría dentro de un año, aunque en su equipo legal temen que la demora lo impida. Una defensa que trasladaba antes su “temor” a que Ali fuera a ser condenado en segunda instancia. "La razón no sería que hubiera cometido actos delictivos, sino que absolverlo le costaría mucho dinero al Estado”, sentencian. 

Su ofensiva legal contra el fiscal Scholl ha tenido una gran novedad en abril: la ratificación de una investigación en Turquía contra él y el representante de las víctimas, Mark van Leewarden, por trata de personas. Además, han surgido declaraciones juradas desde Baréin que acusan al fiscal de haber recibido un soborno del 10% (unos 290.000 CHF) del dinero obtenido por la venta de la casa de Syed antes de que hubiera condena firme. Lo veremos todo en la siguiente entrega.